El 26 de marzo, a las 6 pm, porte su dosis de personalidad en la plaza de Bolivar de Bogota. Una dosis de lo que sea que usted consume al disfrutar su vida: juegos, música, libros, arte, prensa, drogas, lo que usted quiera. Es su derecho elegir.

Apoye el derecho de cada quien a elegir si consume drogas sin convertirse en un criminal. Tomémonos una foto alzando nuestras dosis y mostremos que defendemos la legalidad de la dosis personal.
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Después de 30 años de una guerra inganable que ha destruido a Colombia, urge aprovechar los espacios que ahora se abren para cambiar de estrategia, según explica la especialista en relaciones internacionales.

Sorprende la poca resonancia que ha tenido el documento de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, suscrito por varios ex presidentes y notables latinoamericanos acerca del fracaso de la represión y la urgencia de debatir un nuevo paradigma de políticas enfocadas a la salud.

Sorprende también la participación en dicho documento del ex presidente César Gaviria quien, desde el Palacio de Nariño, maniobró para obstaculizar un debate sobre el tema que intentó abrir en el congreso, durante su gobierno, la entonces representante Maria Isabel Mejía.

A treinta años del Tratado de Extradición que dio comienzo a la adopción por parte de Colombia de la racionalidad prohibicionista que los Estados Unidos han venido promoviendo desde comienzos del siglo XX, es urgente examinar los logros y los costos que esta estrategia ha tenido para todos nosotros.

La crimininalización del problema

En virtud de la racionalidad punitiva, la política colombiana contra las drogas recurrió al derecho penal, máxima herramienta coercitiva del estado, y a las fuerzas del orden público, para erradicar la producción, interdictar el tráfico y criminalizar el consumo. La extradición a Estados Unidos, verdadera punta de lanza de esa política, se concretó como último castigo.

El “combate” contra las drogas que se fue plasmando en el ordenamiento jurídico puso en manos del Estado todos los frentes de lucha, y promovió una guerra interna donde la “victoria” sólo podía consistir en la erradicación plena de esa actividad económica. Desde entonces nuestro territorio se convirtió en el escenario donde los gobiernos nacionales libran sin éxito, desde hace más de un cuarto de siglo, una guerra triple contra la subversión comunista, el paramilitarismo y las drogas ilícitas, cuyas principales víctimas hemos sido todos los ciudadanos.

La criminalización del narcotráfico, en el contexto nacional de finales del siglo XX y comienzos del XXI, ha tenido efectos perversos de todos conocidos. Aunque las consecuencias sociopolíticas de la aplicación de una estrategia de esta naturaleza eran difíciles de prever, el país no comprendió a tiempo la serie de problemas que sobrevendrían. Al atribuir su emergencia al propio narcotráfico, implantó un círculo vicioso de represión - tráfico ilegal- represión, que aun no termina.

Una solución imposible

Limitantes estructurales y coyunturales, endógenas y exógenas, impiden el éxito de la prohibición contra un fenómeno de las características del tráfico de drogas ilícitas.

Por su origen externo, los diagnósticos y estrategias previstos por la política nacional desconocen tanto las raíces sociales del fenómeno como los determinantes de su prosperidad en Colombia. Al contrario de los Estados Unidos, donde las drogas constituyen esencialmente un asunto de consumo, el problema colombiano consiste en la producción y el tráfico de estas sustancias como forma de sustento de grandes grupos de población, altamente desprovistos y pobremente socializados, en un complejo escenario de conflicto armado, debilidad estatal y crisis política.
Al impulso del incremento en la demanda de Estados Unidos durante la década de los 80, aumentó vertiginosamente la producción nacional de marihuana y luego cocaína. La laxitud de los colombianos en el cumplimiento de las leyes y una antigua tradición de contrabando fomentaron el flujo de esas sustancias hacia el lucrativo mercado norteamericano. El narcotráfico creció y se expandió hacia vastas regiones del territorio nacional, hasta perforar círculos cada vez más altos del poder político y económico. Su vinculación con el conflicto armado, resultante de esa expansión, agudizó la pérdida del monopolio estatal de la fuerza y generalizó la violencia.

Los costos políticos

Las vicisitudes del país no se limitaron a figurar en las primeras páginas de los diarios extranjeros por sus niveles de criminalidad y violencia, y a proyectar una imagen internacional de estado fallido. A finales del siglo pasado, la degradación social confluyó hacia una crisis política que terminó de resquebrajar la legitimidad de las instituciones.

Gravitando sobre todas estas dificultades, los Estados Unidos se erigieron en una suerte de severos veedores del comportamiento nacional, listos a corregir cualquier conducta desviada del curso prescrito con los medios coercitivos que el poder hegemónico pone a su alcance. La pérdida de autonomía y de capacidad decisoria dio lugar a serias dificultades externas e internas y contribuyó a debilitar aún más el sistema institucional y político de Colombia.

Quizás la consecuencia más grave de esta situación haya sido la negativa de las dirigencias estadounidenses y colombianas a aceptar que el marco prohibicionista vigente es la varita mágica que transforma el narcotráfico en la fuente inagotable de recursos que alimenta el conflicto armado y gran parte de la criminalidad y la violencia existentes.

¿Quién es el enemigo?

Contra la posibilidad de librar una guerra victoriosa para combatir el tráfico de estupefacientes conspiran la diversidad y ubicuidad de un enemigo nutrido por cientos de millones de dólares. ¿Dónde y cómo enfocar la lucha? ¿En los campesinos cultivadores, pequeños fabricantes, o vendedores callejeros? ¿En los grandes productores, mayoristas, distribuidores, o carteles exportadores? ¿En sus equivalentes en el exterior? ¿O más bien en sus socios de la empresa privada, cómplices o testaferros de todos los estratos? ¿En las autoridades corruptas de dentro y de fuera del país? ¿En los grandes lavadores de dinero de los paraísos fiscales o del sistema financiero mundial? ¿En los gobiernos que los acogen? ¿O son, en fin, los consumidores, ocasionales o adictos, norteamericanos o europeos, colombianos o de cualquier otro país, los verdaderos culpables de esta tragedia?

La ceguera de Colombia

Si bien son explicables la renuencia o el premeditado desinterés de Estados Unidos en tomar en cuenta las consecuencias que la prohibición ha impuesto sobre la ciudadanía y la democracia colombianas, no lo es la falta de voluntad política de los gobiernos nacionales para salvaguardar los intereses de sus ciudadanos en el manejo de este asunto decisivo,

¿Por qué, a pesar de los dudosos resultados obtenidos, se insiste en el prohibicionismo y no se mira el abanico de intervenciones posibles para enfrentar el fenómeno de las drogas ilícitas? ¿Qué ha llevado a seis gobiernos sucesivos a negarse a reconsiderar la aplicación de una política definida primordialmente por los intereses norteamericanos? ¿Qué ha impedido que el país debata el problema y asuma una posición firme y autónoma que convenga a sus ciudadanos y esté al alcance de sus posibilidades?

La falta de autonomía

Las razones que instigaron la apropiación colombiana del discurso y las prácticas oficiales contra las drogas de los norteamericanos, tienen su origen remoto en el tradicional alineamiento colombiano con los Estados Unidos, auspiciado por las sinergias creadas por la Doctrina Suárez del “mirar al Norte” o “Respice Polum”. Dichas sinergias estimularon, desde la segunda década del siglo XX, la aceptación de la superioridad norteamericana y el deseo de mantener, pragmáticamente, una relación armoniosa entre las dos naciones. Durante los años de la segunda postguerra, el país resguardó su fragilidad internacional tras la cooperación con la potencia y el multilateralismo, como “peón de la Guerra Fría”. A partir del “Bogotazo” (cuya organización atribuyeron algunos al comunismo internacional) y, más adelante a raíz de la Revolución Cubana, el anticomunismo del establecimiento constituyó el soporte ideológico de la adhesión a Norteamérica.

A la predisposición al alineamiento político con la potencia, se sumó la dependencia comercial y el consecuente temor de las elites nacionales a las represalias de los Estados Unidos contra de sus intereses económicos, una vez que la exportación de cocaína convirtió a Colombia en el blanco principal de la presión norteamericana, en el marco de la lucha antidrogas.

La reacción moralista

Sin embargo, ese temor fue perdiendo presencia tras el integrismo radical del Nuevo Liberalismo y la retórica extremista y un poco ingenua de sus líderes quienes, menospreciando el potencial económico y desestabilizador de las mafias, declararon - y pagaron con sus vidas - una guerra a muerte contra los grandes narcotraficantes, por razones morales.

Los efectos psicológicos del integrismo y la retórica extrema, aunados al temor a la extradición, en vez de disuadir, extremaron la criminalidad defensiva de los capos, y el país se convirtió en un campo de batalla.

La difusión acrítica del discurso moralista por los principales medios de comunicación contribuyó además, a politizar la lucha e implantó la tendencia a culpar, sin rigor analítico, de complicidad o connivencia a todos aquellos que se mostraran escépticos frente a la estrategia represiva. El moralismo politizado que alimentó por años la guerra contra el narcotráfico cerró el paso al debate ilustrado sobre el tema y a las salidas distintas al castigo, como las negociadas. Ernesto Samper, quien hace tiempo propuso la legalización de la marihuana, fue víctima de esa tendencia.

Al paso que la guerra contra las drogas multiplicaba los enemigos del Estado, agravaba la violencia y la corrupción mafiosas, y a medida que los recursos y las vidas sacrificadas se multiplicaron, sobre todo durante el gobierno Barco, se hizo más difícil separar los efectos del narcotráfico de los de la política prohibicionista propiamente dicha. La penetración mafiosa y la politización revelaron todo su potencial desestabilizador sobre el Estado y el sistema político, a raíz de los acontecimientos que afectaron el gobierno Samper.

Restaurando la reputación

Las repercusiones de la descertificación decretada por el gobierno Clinton mostraron que los temores de las elites a las represalias estadounidenses no eran infundados. La mala imagen internacional y la pérdida de autoestima del establecimiento nacional en virtud de lo ocurrido, sirvieron de acicate a la lógica que orientó el gobierno de Pastrana hacia una nueva aproximación con los norteamericanos y una renovada severidad represiva. El deseo de las elites de restaurar su reputación y recobrar su estatus frente a la comunidad internacional inspiró el aparente “ajuste” del comportamiento nacional. Sin embargo, según Borda, las decisiones de las elites tuvieron poco que ver con la racionalidad de costo-beneficio o con la evaluación de las alternativas existentes y sus eventuales consecuencias materiales. Esta decisión se debió más bien a lo que Hargreaves llama “la racionalidad expresiva” o el deseo de transmitir algo sobre nosotros mismos por medio de acciones que reflejan principios morales o lealtades; o a lo que March y Olsen denominan la “lógica de la apropiación“, donde el comportamiento es determinado por nuestros roles e identidades, antes que por el cálculo de costos y beneficios[1].
El Plan Colombia

Con todo, mediante ese ajuste de comportamiento, el gobierno de Pastrana logró la aprobación del Plan Colombia, en cuyo marco fluyeron los dólares necesarios para situar a Colombia en el segundo lugar de los paises receptores de ayuda norteamericana, después de Egipto.

Sin embargo, en un comienzo esos recursos se asignaron exclusivamente a la guerra contras las drogas. Cuando Colombia logró la autorización para usarlos en la lucha mililitar contra la guerrillera, los gobiernos nacionales y sus fuerzas de seguridad desarrollaron una perversa dependencia de la “ayuda” norteamericana y se hicieron más proclives a ajustar sus intereses a los de los Estados Unidos, en su interminable enfrentamiento con los grupos armados y la delincuencia.

Los condicionamientos de la “ayuda” y las exigencias en materia de resultados forzaron a Colombia a ampliar cada vez más sus objetivos erradicacionistas, fortalecer sus organizaciones antidrogas y a perfeccionar sus métodos represivos, particuarmente bajo el paraguas de la Seguridad Democrática.

Uribe el prohibicionista

La dependencia económica para la guerra determina la inamovible posición del presidente Uribe frente a la prohibición. Su oposición vertical y persistente a la “dosis personal” es perfectamente coherente con esa lógica represiva. Su gobierno está lejos de aceptar cualquier flexibilización de la política, dado el énfasis militar de su búsqueda de una salida al conflicto. Su capital político determinado por los logros contra la violencia, inhibe cualquier acción que pueda debilitar el entendimiento con los Estados Unidos y ponga en peligro el Plan Clombia, pilar económico de la Seguridad Democrática.

Así se explica el apoyo de la delegación colombiana a la oposición de Estados Unidos a incluir la expresión disminución de daño en la Declaración Política que el próximo marzo fijará las directrices sobre políticas antidrogas para las Naciones Unidas (un hecho que Francisco Thoumi denunció en su momento en Razón Pública). La disminución del daño, defendida por los 27 países de la UE y por América Latina en pleno, con excepción de Colombia, es discutida actualmente en Viena por la declaraciones de los países dignatarios de las convenciones sobre drogas.

Reducir el daño

Aceptar la “disminución del daño” como lineamiento de política es algo que ya hicieron la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) el año pasado, y que abriría el camino a la “disminución del daño” asociado, no sólo con el consumo sino con la producción de estas sustancias, lo cual incluye adoptar políticas que contrarresten los problemas derivados de las fumigaciones, tales como el deterioro ambiental o el continuo desplazamiento de los cultivos.

Y defender el interés nacional

A pesar de la actitud menos extrema que el Presidente Obama parece tener frente a las drogas, Colombia no puede esperar un cambio rápido de posición de su gobierno. La contribución colombiana a la lucha contra las drogas conviene en primer término a los intereses de los Estados Unidos, puesto que los costos sociales de esta guerra vicaria, son asumidos por la ciudadanía y las instituciones colombianas. La penetración militar al Sur cubre además, requerimientos defensivos del flanco meridional.

Así las metas esperadas en la interdicción de la afluencia de drogas ilícitas hacia el territorio norteamericano no se logren plenamente, difícilmente existirá aliciente alguno para que ese país propicie un cambio de estrategia aunque sea fundamentalmente antiético condenar a los países productores a una guerra interminable contra un fenómeno inextinguible.

Con todo, la necesidad de revisar la politica continuará porque, además de lo dicho, y aunque parezca una tautología, no habrá paz mientras siga la guerra. La paz es un mandato constitucional que pasa por esa revisión.

Desde la altura de la autoridad moral que le confiere su inmenso sacrificio, el país no puede dejar pasar la ocasión que le brinda el documento avalado por figuras tan respetables, ni la incipiente apertura que se percibe en Viena, para ir aclimatando posiciones más independientes y hacer valer sus intereses frente la comunidad internacional.

Por dónde empezar

La tarea debe comenzar por abrir el debate en búsqueda de soluciones orientadas a proteger la salud, que apelen a métodos más racionales y modernos que el castigo para ayudar a los adictos. Sin dejar de combatir la criminalidad, el objetivo debe ser la reforma definitiva del paradigma prohibicionista imperante, mediante la construcción de una alianza internacional de apoyo a esta propuesta y la elaboración de un discurso que vaya ambientando la despenalización regulada en el mundo, única salida definitiva al problema del narcotráfico.

Los socios naturales de Colombia serán aquellos países que también han padecido las consecuencias del prohibicionismo y otros abiertos a las soluciones más pragmáticas, preventivas del consumo. Las numerosas organizaciones y medios de comunicación que durante años han apoyado la despenalización, tales como The Economist y otros importantes representantes de la prensa escrita con capacidad de presionar a los gobiernos más recalcitrantes y crear opinión, serán también potenciales puntos de apoyo.

Eventualmente será necesario ir cambiando las estructuras represivas por otras que permitan afrontar el probable aumento del tráfico y del consumo que ocurrirá mientras se deterioran los precios y tiene efecto la propaganda preventiva. De esta forma perderán fuerza los argumentos de las múltiples organizaciones que se oponen a la despenalización, en su gran mayoría aquellas cuya existencia depende de los inmensos presupuestos asignados al combate a las drogas en los Estados Unidos.

El nuevo paradigma contribuirá de paso a aliviar las tareas que impone la lucha antidrogas a los agentes de la seguridad y a descongestionar las cárceles, tanto en Colombia como en Norteamérica.
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