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PROYECTO DE LEY - Toque de queda para menores de 10PM a 6AM. Multas a padres. Aquí texto

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

 

16ta. Asamblea                                                                                                          5ta. Sesión

         Legislativa                                                                                                               Ordinaria

 

CAMARA DE REPRESENTANTES

 

P. de la C. 3275

 

25 DE MARZO DE 2011

 

Presentado por el representante Torres Calderón 

 

Referido a las Comisiones de Seguridad Pública; y de Lo Jurídico y de Etica

 

LEY

 

Para otorgar a la Policía de Puerto Rico la autoridad de establecer "Toques de Queda para Menores de Edad", en aquellas zonas que sean consideradas de alta incidencia criminal; disponer la política pública bajo la cual se regirá esta Ley; promulgar la debida reglamentación bajo la cual se implantarán los toques de queda; imponer multas a los padres, madres o tutores de los menores que transgredan la Ley; y para otros fines relacionados.

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

       La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la responsabilidad de legislar, siempre siguiendo las disposiciones establecidas en nuestra Constitución. A tenor con ello, todo ciudadano tiene el derecho garantizado a la libre asociación, la libre expresión y la libertad de culto.

 

       Ciertamente, en Linker v. Des Moines Independent Community School District, 393 US 503. 571 (1969), el Tribunal determinó que los menores poseen derechos fundamentales que el Estado debe respetar, así como ellos deben cumplir sus respectivas obligaciones hacia el Estado. No obstante, en Belloti v. Blaird. 443 US 622 (l979) se señaló que aunque los menores están protegidos por las mismas garantías constitucionales contra las privaciones gubernamentales que los adultos, existen áreas en las cuales las leyes pueden válidamente restringir conducta en razón a los siguientes factores: (1) la peculiar vulnerabilidad de los menores: (2) la inhabilidad de éstos a tornar decisiones informadas, maduras y juiciosas, sobre cómo proceder en situaciones críticas: y (3) la importancia del rol orientador de los padres en la crianza de los hijos. Por tanto, la decisión del Tribunal en Planned Parent Hood of Central Missouri v. Danforth. 428 US 52. 74 (1976), determinó que el poder de reglamentación del Estado puede ejercer sobre los menores en su carácter de "parens patriae" el cual es más amplio que el que pueda ejercer sobre un adulto.

 

       Por otro lado, en el caso OUTB v. Strauss. 11 F 3d 488 (5th Cir 1993), el Tribunal resolvió que el derecho de los menores a moverse libremente es un derecho fundamental sujeto a escrutinio judicial estricto, el cual se aplica a derechos fundamentales. Debe promover un interés gubernamental apremiante y estar redactada en los términos menos abarcadores posibles.

 

       En el caso de OUTB v. Strauss, supra, el nexo entre el interés gubernamental invocado y la clasificación creada se demostró a base de la información estadística a los siguientes efectos: (1) la delincuencia juvenil había aumentado en proporción con la edad entre 10 y 16 años; (2) el record ascendente de arrestos de menores en los últimos años en Dallas, unido al número de convicciones por asesinato, delitos sexuales, robos y agresiones agravadas cometidas por menores en dicha ciudad; y (3) el horario y los lugares en que los asesinatos, violaciones, agresiones agravadas y robos cometidos por menores solían ocurrir.

 

       A su vez, en Schleifer by Schleifer v. City of Charlottesville, 159 F.3d 843 (4th Cir. 1998), el tribunal resolvió que un toque de queda municipal era válido, a pesar de que los menores podían ser víctimas de crímenes cometidos, no sólo por extraños en las calles durante las horas del toque de queda, sino también por miembros de su familia y conocidos en cualquier momento del día. En Hutchins v. District of Columbia, 188 F.3d 531 (D.C. Cir. 1999), por otra parte, una pluralidad de los miembros del Tribunal de Circuito del Distrito de Columbia, en banc, determinó que los menores no tenían un derecho fundamental a la libertad de movimiento bajo la vertiente sustantiva de la cláusula del debido proceso de ley, que les permitiese estar en las calles de noche sin supervisión adulta.

 

       De particular interés es el caso de People v. Chambers, 360 N.E.2d 55 (III. 1976), en el cual el Tribunal Supremo de Illinois validó un toque de queda de alcance estatal que prohibía la mera presencia de los menores en lugares públicos durante ciertas horas de la noche y la madrugada. En esa ocasión, el tribunal indicó que el Estado podía restringir los derechos de los menores, ya que las limitaciones impuestas estaban dirigidas a ciertos lugares y horas. El estatuto en Chambers también prohibía que un padre o tutor, a sabiendas, permitiera que un menor bajo su custodia o control violara el estatuto, tipificaba tal conducta como un delito menos grave, e imponía multas a tales adultos. El tribunal entendió que el toque de queda promovía el interés legítimo del Estado de proteger a los menores. A favor de tal postura, citó una variedad de estadísticas sobre el aumento en el crimen juvenil que indicaban que la legislación tenía la intención de atacar un serio problema en la comunidad, y no sólo tenía el propósito de facilitarle sus labores a la policía.

 

       Es importante también mencionar, que el tribunal en Chambers rechazó la idea de que el estatuto era excesivamente amplio por no estar limitado a áreas geográficas particulares de alta incidencia criminal. Sobre este particular, explicó que el aspecto relacionado con el alcance geográfico de la medida era un asunto para la consideración del legislador y no de la judicatura, y que el alza en la tasa de criminalidad en las áreas rurales y suburbanas justificaba el alcance estatal de la medida.

 

       En consideración a los poderes delegados en la Asamblea Legislativa por virtud de nuestra Constitución y en el interés apremiante que tiene el Estado en proteger a los menores, nos parece apropiado otorgar a la Policía de Puerto Rico la autoridad de establecer "Toques de Queda para Menores de Edad", en aquellas zonas que sean consideradas de alta incidencia criminal.

 

       Esta Ley se promulga amparada en el ejercicio del poder de reglamentación a favor del interés público y el poder inherente de "parens patriae" para lograr la seguridad y el bienestar del menor. Por ello, adoptamos la política pública expresa de ordenar a la Policía de Puerto Rico a establecer toques de queda para menores de 18 años en aquellas zonas que sean consideradas de alta incidencia criminal según sean delimitadas por la Uniformada.

 

       Ciertamente, reconocemos la posibilidad de que existan excepciones que impidan la categórica implantación de la Ley, y por ello, establecemos que constituirán excusas razonables para que un menor de dieciocho (18) años no le aplique el toque de queda, las siguientes: (a) que el menor esté acompañado por su padre, madre o persona que tenga su custodia;  (b) que el menor ubique en la acera directamente frente a su casa; (c) que el menor se encuentre realizando una actividad del empleo, escuela o iglesia; saliendo o regresando de su casa por dicha actividad sin realizar ninguna parada; (d) que el menor esté envuelto en una emergencia; y (e) ser un menor emancipado.

 

DECRETASE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES  DE PUERTO RICO:

 

       Artículo 1.-Autoridad expresa para la implantación de toques de queda para menores

       Se otorga a la Policía de Puerto Rico la autoridad y obligación expresa de establecer "Toques de Queda para Menores de Edad", en aquellas zonas que sean consideradas de alta incidencia criminal. El aludido toque de queda establecido mediante esta Ley se implantará durante el periodo comprendido entre las 10:00 pm y las 6:00 am.

       Artículo 2.-Política pública

       En el ejercicio del poder de reglamentación a favor del interés público y el poder inherente de "parens patriae" para lograr la seguridad y el bienestar del menor, se adopta en Puerto Rico la política pública expresa de ordenar a la Policía de Puerto Rico a establecer toques de queda para menores de 18 años en aquellas zonas que sean consideradas de alta incidencia criminal según sean delimitadas por la Uniformada.

       Artículo 3.-Excepciones

       Constituirá una excepción y excusa razonable para estar un menor de dieciocho (18) años en determinada área designada como de alta incidencia criminal, y a tales efectos, restringida mediante un toque de queda, si el menor está:

(a)       acompañado por su padre, madre o persona que tenga su custodia;

(b)       en la acera directamente frente a su casa, que no excederá el perímetro de la misma;

(c)        realizando una actividad del empleo, escuela o iglesia; saliendo o regresando de su casa por dicha actividad sin realizar ninguna parada;

(d)       envuelto en una emergencia;

(e)       ser un menor emancipado.

       Artículo 4.-Reglamentación

       La Policía de Puerto Rico, para poder establecer un toque de queda tendrá que cumplir  con los siguientes requisitos:

(a)       Designar determinado sitio como "Zona de Alta Incidencia Criminal".

(b)       Recopilar datos estadísticos sobre la delincuencia juvenil y demostrar que existe un problema social que afecte el orden civil.

(c)        Establecer una Oficina específica en los cuarteles donde aplique para ofrecer cuido, custodia y orientación a un menor.

(d)       Dicha Oficina tendrá oficiales debidamente adiestrados para sobrellevar, cuidar y orientar a un menor intervenido.

(e)       Dicho Oficial se encargará de utilizar todos los medios posibles para localizar, luego de entrevistar al menor, a los padres, tutor o persona encargada.

(f)        La Oficina a establecerse tendrá la función de cuidar al menor por no más de 24 horas, cuando el padre, madre o persona que tenga su custodia no hayan podido ser localizados.

(g)       De no lograrse localizar a los padres después de los esfuerzos llevados a cabo, y haber transcurrido 24 horas en la cual el menor es custodiado en el centro, el Oficial de la Policía de Puerto Rico lo referirá al Departamento de la Familia para que asuma su custodia y prosiga con la investigación e intervención correspondiente.

       Artículo 5.-Intervención con los padres o tutores

       El padre, madre o persona que tenga la custodia de jure o de facto del menor que sea notificado de que el menor se encontraba en las horas, días y sitios restringidos será entrevistado por un funcionario del Departamento de la Familia designado para tales fines quien determinará si las circunstancias y razones que motivaron o permitieron al menor a violentar el toque de queda se debe a negligencia o descuido de dicha persona. 

       Artículo 6.-Denuncia contra los padres o tutores 

       En caso de violación a lo dispuesto en esta Ley, se presentará una denuncia contra el padre, madre o persona que tenga la custodia del menor y convicta que fuere incurrirá en delito menos grave y se le impondrá una pena de multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de doscientos cincuenta (250) dólares. Si se tratara de una segunda convicción, se impondrá multa no menor de doscientos cincuenta (250) dólares, ni mayor de quinientos (500) dólares. Cualquier convicción subsiguiente implicará una multa fija de mil (1,000) dólares.

       Si por razones de indigencia, la multa impuesta no pudiese ser satisfecha, en su lugar se impondrá a la persona convicta pena de servicio comunitario, la cual nunca será menos de cien (100) horas.

       Artículo 7.-Fondo Especial para solventar la aplicación de la Ley

       Los dineros que se recauden por concepto de las multas que se impongan en virtud de esta Ley, ingresarán en un Fondo Especial bajo la responsabilidad de la Policía de Puerto Rico, sin sujeción a la política pública contenida en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico". El dinero que ingrese al Fondo, podrá ser utilizado para cubrir parte de los gastos operacionales, fiscales y administrativos de la Policía de Puerto Rico en los que incurra dicha entidad en la implantación de esta Ley.

       Artículo 8.-Vigencia

       Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.